El empleo de una u otra nomenclatura para describir lo sucedido en el país centroamericano no es casual. Refleja sin dudas una postura ideológica y política frente a la destitución del presidente Manuel Zelaya, perpetrada por las fuerzas armadas hondureñas en las primeras horas del domingo 28 de junio de 2009. Es sabido que los medios de comunicación no son meros transmisores o comunicadores neutrales de la realidad, sino que las noticias por ellos presentadas son construidas y expuestas respondiendo a ciertos criterios previamente establecidos, de acuerdo a intereses a veces no del todo claros. Teniendo en cuenta esta realidad y la capacidad para influir sobre la opinión pública que tienen las cadenas informativas, lo más importante de la deposición de Zelaya de su cargo es tratar de comprender por qué ciertos medios hegemónicos eligieron “disfrazar” el Golpe de Estado bajo la denominación de una “Sucesión Forzada”. Este concepto utilizado por la CNN deja muy en claro que, en consideración de dicha empresa de comunicación, era evidentemente necesario relevar de sus funciones al máximo mandatario hondureño y colocar en su lugar a otra persona, aún cuando el modo de realizarlo estuviese atravesado por el empleo de las armas.
¿Podríamos llegar a pensar que la utilización de los términos “Sucesión forzada” por parte de la CNN fue un simple desacierto semántico, una mala selección de las palabras más pertinentes para expresar un acontecimiento? Supongamos que, en una actitud bastante ingenua, podríamos responder afirmativamente y pensar “Bueno… quizás por los ritmos que se manejan en televisión y la necesidad de tener una primicia, no tuvieron tiempo de considerar cuáles serían las palabras más adecuadas para describir la situación en Honduras”. Pero, dejando de lado la ingenuidad, debemos aceptar que se trató de una maniobra política, orientada a legitimar el golpe de estado mediante el empleo de palabras más “suaves”, concediéndole cierta legalidad e incluso justificación al derrocamiento de un presidente constitucional.
Según los propios Golpistas, el grave delito de Zelaya fue intentar efectuar una encuesta de opinión pública que permitiría saber si los hondureños querían o no ser consultados en noviembre para convocar una Asamblea Constituyente.
Según los propios Golpistas, el grave delito de Zelaya fue intentar efectuar una encuesta de opinión pública que permitiría saber si los hondureños querían o no ser consultados en noviembre para convocar una Asamblea Constituyente.
En un estado democrático resulta bastante lógico una iniciativa de esta naturaleza, por medio de la cual el pueblo podría expresarse respecto a un tema delicado como es la modificación de la Carta Magna. Sin embargo, mediante un manejo distorsivo de la información, los medios hegemónicos lograron instalar la idea de que en realidad, Zelaya buscaba mediante dicha propuesta perpetuarse en su cargo, convirtiendo su gobierno en una dictadura.
Las elites neoliberales, que vienen detentando el poder en Honduras desde 1982, no estaban dispuestas a permitir que se modifique la Constitución que había sido instaurada por la última dictadura militar, ya que dicha Constitución otorga gran número de privilegios a la oligarquía del país, incluyendo a las fuerzas armadas y a sus aliados en Estados Unidos. Existía el temor, entre la oligarquía, de que una nueva Constitución pudiese, por ejemplo, pedir la eliminación de bases militares extranjeras en territorio hondureño. Hoy, el Pentágono tiene una base militar en Honduras (la única existente en Centroamérica), una región de gran importancia estratégica para las fuerzas armadas de Estados Unidos. Dicha base ha sido el centro de actividades militares y represivas llevadas a cabo por las fuerzas militares estadounidenses en toda la región.
Volviendo sobre el argumento de evitar que los dirigentes políticos latinoamericanos se eternicen en el poder, habría que reflexionar si el hecho de que los candidatos puedan ser elegidos tantas veces como el electorado desee, efectivamente convierte el proceso en una dictadura. Que un proceso sea democrático o no, depende del proceso electoral en sí, y sobre todo de la pluralidad de partidos y opiniones existentes en dicho proceso. Y es ahí donde el centro del análisis debiera fijarse y no en que sea o no el mismo candidato el que se presente.
Más allá de los aciertos o desaciertos de los gobiernos, y con los numerosos ejemplos de “Sucesiones forzadas” que se dieron en Latinoamérica a lo largo de los años, debemos reflexionar si dichas iniciativas son la solución a los problemas de toda la sociedad o solo a los de unos pocos.
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